La investigada ha mantenido que su empresa recogía datos de turistas como nombres y números de teléfono, pero nada relacionado con intoxicaciones alimentarias ni reclamaciones. Con todo, ha indicado que una de las empresas con las que trabajaba es un bufete de abogados -que pagaba 5.000 libras por cada 1.000 números de teléfono y nombres-, y también ha admitido que trabajó unos meses con una empresa de reclamaciones, pero que no le gustó "su forma de trabajar" y por eso no continuaron.

((Habrá ampliación))